Carlos H. Lozano/Editor Redpalabras.com
Octubre 30/2026.
Una pista para la Fiscalía. Hay “coincidencias” que parecen escritas para una novela. Gustavo Petro, el hombre que llegó a la Presidencia de Colombia bajo la bandera del cambio, vuelve a ocupar los titulares por una historia que tiene un número como protagonista: 48. De un lado, la referencia al presidente número 48; del otro, la denuncia sobre 48 mujeres que, según el actual Carlos Ríos director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios para supuestamente estar al servicio del entonces mandatario.
Deicy Jiménez presenta pruebas de comunicarse con una persona (con nombre falso), que resulta ser Gustavo Petro.
¿Casualidad, coincidencia o el comienzo de una historia que todavía tiene muchos capítulos por contar?
La denuncia de Carlos Andrés Ríos abrió una nueva controversia alrededor del gobierno Petro. A ella se sumó el testimonio de Deicy Jiménez, quien aseguró haber recibido contratos estatales a cambio de compañía e intimidad con el expresidente. Sus declaraciones y las posibles irregularidades en la contratación están bajo investigación. Petro, por su parte, ha negado las acusaciones.
Contratos, poder, mujeres y denuncias. La Casa de Nariño vuelve a quedar en el centro de una tormenta política que ahora tiene a la Fiscalía como protagonista. Hay historias que comienzan con una denuncia y terminan convirtiéndose en una novela de poder. En Colombia, una nueva trama amenaza con convertirse en uno de los episodios más incómodos del gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, los protagonistas no son solamente los funcionarios, los ministros o los congresistas. Son 48 mujeres.
El número salió a la luz el pasado 21 de octubre, cuando Carlos Ríos, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), lanzó una acusación explosiva durante un debate en el Senado. Según afirmó, durante la administración Petro habría existido un grupo de mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios (OPS), que habrían sido instrumentalizadas para favorecer encuentros con el entonces presidente. La afirmación cayó como una bomba. Ríos aseguró que algunas de esas mujeres estaban dispuestas a contar sus experiencias y anunció que llevaría el asunto ante la justicia. Sin embargo, no presentó públicamente los nombres ni las pruebas que permitieran establecer el alcance de sus señalamientos.
Pero la historia apenas comenzaba.
Apareció entonces Deicy Jiménez, una mujer que decidió hablar públicamente y que, en una entrevista con la revista Semana, hizo acusaciones todavía más delicadas. Aseguró que habría mantenido encuentros sexuales con Petro y que recibió contratos estatales relacionados con esa situación. También habló de otras mujeres que, según su versión, habrían vivido experiencias similares. Sus declaraciones abrieron otra puerta: la de los contratos públicos, las recomendaciones políticas y las posibles relaciones entre el poder y los intereses personales. Los registros públicos confirman que Jiménez tuvo vinculaciones contractuales con entidades estatales desde 2021. Pero esos registros, por sí solos, no demuestran que los contratos fueran entregados a cambio de favores sexuales.
Las frases de una testigo clave: Deicy Jiménez
“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”. “Me pidió el favor de que le trajera droga (…) La traje por el aeropuerto”. “Me monté en un avión con la droga de Petro”. “Él fue a mi apartamento y se la entregué. No quise volver a hacer ese tipo de cosas… Por mi seguridad”. “Le cogí fastidio y pereza porque es un tipo completamente machista y narcisista. Manipulador y tiene un ego que ni él sabe controlar”.
La Fiscalía anunció indagaciones para esclarecer las denuncias y recoger información. Entre las personas que serán escuchadas figuran Carlos Ríos, las exdirectoras del DAPRE Laura Sarabia y Angie Rodríguez, y la propia Jiménez. La Procuraduría también abrió una indagación preliminar. Y cuando parecía que el escándalo avanzaba en una sola dirección, llegó la respuesta de Petro.
El expresidente negó las acusaciones y señaló a Carlos Ríos de fabricar una supuesta lista de mujeres, perfilarlas por sus simpatías políticas y ejercer presiones sobre trabajadoras vinculadas al DAPRE. El 30 de octubre, su abogado presentó una denuncia penal contra el funcionario. El Pacto Histórico también anunció acciones legales. Así, el capítulo tomó un giro inesperado: quienes denuncian hablan de instrumentalización y abuso del poder; Petro responde denunciando persecución y discriminación política.
¿Dónde termina la denuncia y dónde comienza la confrontación política? ¿Quiénes son realmente las 48 mujeres? ¿Existieron contratos utilizados para obtener beneficios personales? ¿Hay pruebas que permitan sostener semejantes acusaciones? Por ahora, son preguntas abiertas. La justicia tendrá que establecer qué ocurrió y quiénes tienen responsabilidades. Mientras tanto, la Casa de Nariño vuelve a ser escenario de una historia donde los contratos, las relaciones personales y el poder se mezclan en un relato que Colombia todavía no termina de descifrar.
